Nueva normativa sobre controles de espirometría e incautación de vehículos
Ya está vigente el Decreto N° 7.731/2026, aprobado por la Junta Departamental. Esta nueva reglamentación introduce modificaciones estructurales de gran relevancia en los procedimientos administrativos y operativos que lleva adelante el Área Gestión de Tránsito en materia de ordenamiento vial y seguridad pública.
La revisión de la normativa anterior —regida por el Decreto N°. 6.650/2013— tuvo su origen en un fallo de la Suprema Corte de Justicia, la cual declaró la inconstitucionalidad de los artículos que condicionaban la devolución de un vehículo incautado al pago previo de las multas correspondientes. Ante este escenario judicial, la Comisión de Legislación y Reglamento del Legislativo departamental, en conjunto con técnicos de la comuna y asesoramiento de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), adecuó el texto normativo local para alinearlo estrictamente con el Reglamento Nacional de Circulación Vial y las leyes nacionales vigentes.
Detalles del nuevo procedimiento ante espirometrías positivas
A partir de la vigencia de esta norma, cuando un conductor arroje un resultado positivo en las pruebas de alcoholemia realizadas por el cuerpo inspectivo de tránsito, se labrará de forma inmediata el Acta de Intervenido de Espirometría en doble ejemplar, entregándose una copia al infractor. Asimismo, las autoridades procederán al retiro transitorio de la licencia de conducir, la cual será derivada al Gobierno departamental emisor. En caso de tratarse de ciudadanos extranjeros, la sanción será notificada formalmente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y las oficinas consulares radicadas en Salto.
El marco regulatorio salvaguarda el derecho del conductor a manifestar su disconformidad con el resultado del examen en el momento, pudiendo solicitar de forma inmediata una prueba de contraste amparada en la legislación nacional regulada por el Poder Ejecutivo.
Inmovilización del vehículo y pautas de retiro
El conductor sancionado quedará automáticamente inhabilitado para continuar manejando. No obstante, si se encuentra acompañado por una persona civilmente responsable que posea habilitación vigente y cuya espirometría resulte negativa, esta podrá retirar el rodado del lugar bajo la firma de una declaración jurada.
En caso de que no exista un acompañante habilitado, el cuerpo de inspectores aplicará una inmovilización preventiva del vehículo por un lapso estricto de treinta minutos. Si durante ese período de tiempo se presenta un tercero autorizado en condiciones óptimas para conducir, se le autorizará el retiro del coche bajo la misma modalidad de declaración jurada.
Transcurrido dicho plazo sin que nadie reclame la unidad, el vehículo pasará formalmente a la guarda de la Administración y será trasladado a un depósito departamental acondicionado. Cabe destacar que el Gobierno Departamental de Salto asumirá la responsabilidad patrimonial directa por los daños o deterioros que pudieran sufrir los rodados mientras permanezcan bajo su custodia.
Criterio de devolución y destino de los fondos
El propietario legítimo podrá retirar su vehículo de las dependencias municipales acreditando únicamente su titularidad mediante la exhibición de la documentación administrativa correspondiente. Bajo ninguna circunstancia la Intendencia podrá exigir el pago previo de multas, tasas, costos o recargos financieros como requisito obligatorio para efectuar la devolución física del bien.
Idéntico criterio y protocolo de actuación se aplicará ante conductores que circulen estando inhabilitados, con libretas de conducir suspendidas, o bajo los efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En situaciones donde se detecte a menores de edad manejando sin la habilitación correspondiente y con niveles de alcohol en sangre, la normativa estipula la inmediata intervención de las autoridades policiales y la Justicia competente.
Finalmente, el decreto mandata de forma expresa que todo el dinero recaudado a través de las sanciones aplicadas por esta vía se volcará exclusivamente al financiamiento de los planes locales de prevención, control y seguridad vial. Esto incluye la optimización de los recursos del Cuerpo Inspectivo, el apoyo del servicio policial y los programas de voluntariado vinculados al tránsito.